Denunciar con pruebas, no mediante acusaciones políticas

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, enfatizó la necesidad de denunciar ante la Justicia ante indicios de irregularidades, en oposición a actuaciones basadas exclusivamente en declaraciones públicas. Señaló que el grado de irresponsabilidad observable en determinadas declaraciones mediáticas no debe generar conclusiones sobre la existencia de ilícitos, y recalcó que no corresponde a la autoridad desarrollar acusaciones sin sustento probatorio. En ese marco, afirmó que las afirmaciones mediáticas no deben desplazar los cauces institucionales destinados a verificar hechos y a garantizar la transparencia en la gestión municipal.

Además, subrayó que la solidez de la gestión del intendente Walter Vuoto genera incomodidad en ciertos sectores, lo que, a su juicio, se expresa en dinámicas de deslegitimación a través de la difusión de supuestas coimas sin respaldo documental. Iriarte afirmó que Hidalgo debía acudir a la Justicia para realizar una denuncia formal o expresar, con fundamento, lo que entiende está ocurriendo, destacando que no existe evidencia presentada que respalde las acusaciones.

Añadió que, conforme a lo dicho por Hidalgo, tampoco se le habría exigido pagar sumas de dinero a cambio de agilización de trámites, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de acudir al marco judicial para esclarecer los hechos. En este sentido, el secretario de Gobierno recordó que la denuncia o la manifestación de sospechas debe sostenerse en pruebas y no en relatos o informaciones difundidas sin verificación.

Iriarte adelantó que Hidalgo será convocado por la jefa de Gabinete del Municipio, Yésica Garay, con el fin de escuchar su versión y determinar si existe información que esté fuera de la normativa vigente para su tratamiento. Precisó que, en caso de contar con conocimiento de irregularidades, se ofrecerá apoyo para realizar una denuncia conjunta ante las autoridades competentes.

En su criterio, la participación de diferentes áreas técnicas y del Consejo de Planeamiento Urbano es clave para evaluar cualquier solicitud de excepciones urbanísticas, ya que los trámites no dependen de la discrecionalidad de un único empleado municipal, sino del marco normativo y de las instancias colegiadas correspondientes, como el Concejo Deliberante. Iriarte reiteró que las declaraciones sin sustento, que involucran a trabajadores municipales, funcionarios, integrantes del Consejo de Planeamiento Urbano y concejales, pueden conducir a la difusión de una supuesta red de corrupción sin prueba, lo que a su juicio constituye una operación política.

Señaló que existen múltiples actores que podrían ampliar la difusión de estas informaciones a través de redes o portales mediáticos, lo cual, en su apreciación, busca generar un ambiente de desconfianza respecto a la gestión pública. Afirmó que ciertos medios replican estas versiones sin analizar la veracidad de las afirmaciones, contribuyendo a una construcción periodística que se alinea con objetivos políticos.

En esa línea, Iriarte cuestionó el uso de ciertas plataformas como vehículo para sembrar dudas sobre políticas públicas municipales, enfatizando que la revisión seria de la normativa y la verificación de hechos deben guiar la actuación institucional. Añadió que, pese a las presiones políticas de próximas elecciones, la gestión municipal mantiene su rumbo basado en la gestión, el trabajo y las políticas públicas, con un enfoque sostenido en responder a las demandas de la comunidad y de los trabajadores municipales.

Concluyó afirmando que la solidez institucional, representada por la figura del intendente, genera temor en quienes buscan deslegitimar la labor de la administración local mediante denuncias sin respaldo. El secretario de Gobierno sostuvo que la fortaleza institucional se mantiene y que se continuará trabajando dentro del marco legal para garantizar la transparencia y la correcta conducción de la municipalidad.