Labroca cuestionó quita del subsidio nacional
José Labroca, presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado, advirtió sobre la resolución nacional que congela el aporte a la tarifa social del transporte público. Dijo que el cambio traslada costos a municipios y provincias y afecta a jubilados, beneficiarios de planes sociales y otros usuarios vulnerables.
El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), José Labroca, manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de financiamiento de la tarifa social del transporte público. Según explicó, la medida implica que la Nación dejará de actualizar de forma automática el aporte destinado a cubrir el descuento que alcanzaba a millones de argentinos y argentinas en todo el país.
Labroca precisó que la Resolución 40/2026 dispone que el Estado nacional continúe financiando el beneficio del 55 por ciento, pero únicamente sobre la tarifa vigente al 30 de junio de este año. De ese modo, cada incremento que registre el valor del boleto ya no será absorbido por Nación, sino que deberá ser afrontado por las provincias o, en el caso de Ushuaia, por el Municipio. El planteo del titular de UISE se centró en ese traslado progresivo de la carga financiera. “El Gobierno nacional decidió congelar el aporte que realiza para la tarifa social.
Va a seguir pagando el beneficio, pero calculado sobre la tarifa de junio. Cada vez que aumente el boleto, esa diferencia deberá ser afrontada por las provincias o, en nuestro caso, por el Municipio”, afirmó Labroca al describir el alcance de la resolución y sus efectos sobre la estructura de financiamiento del servicio. El funcionario remarcó que la decisión impacta de forma directa sobre los sectores que más dependen del transporte público para desarrollar sus actividades cotidianas.
La tarifa social alcanza a jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, personas que perciben prestaciones por desempleo y otros programas sociales nacionales. Para Labroca, se trata de usuarios cuya movilidad diaria depende de esa asistencia. “Estamos hablando de personas que utilizan el colectivo para ir a un hospital, a una escuela, a realizar un trámite o simplemente para poder desarrollar su vida diaria.
Es un beneficio que protege a quienes tienen menores ingresos y hoy esa responsabilidad comienza a trasladarse a los gobiernos locales”, sostuvo. Sus declaraciones apuntaron a subrayar que el cambio no altera solo un mecanismo administrativo, sino que puede repercutir en la economía de los municipios y en el acceso al servicio por parte de los usuarios alcanzados. Labroca también señaló que la decisión nacional se da en un contexto de aumentos sostenidos de los costos operativos del transporte, en particular en combustible y salarios.
De acuerdo con lo que expuso, esos dos rubros representan más del 60 por ciento de la estructura de costos del servicio, lo que agrava la situación de las empresas y de los sistemas locales que sostienen el transporte público en distintas jurisdicciones. “El transporte público atraviesa una situación muy delicada en todo el país. Se están cerrando líneas, reduciendo frecuencias y restringiendo servicios porque los costos siguen aumentando mientras disminuye el acompañamiento del Estado nacional”, indicó.
En esa línea, el titular de UISE vinculó la medida con un escenario general de presión sobre el sistema, en el que la continuidad de los servicios depende cada vez más de las capacidades financieras de las administraciones locales. Al referirse al caso de Ushuaia, destacó que el servicio puede sostenerse por el esfuerzo económico del Municipio y por el esquema de financiamiento de UISE.
Señaló que, si la empresa no contara con otras unidades de negocio que generan recursos, la comuna debería destinar alrededor de 8.000 millones de pesos al año para mantener en funcionamiento el transporte público. Según indicó, los ingresos complementarios permiten reducir ese esfuerzo, aunque las decisiones del Gobierno nacional siguen trasladando responsabilidades a los gobiernos locales. Finalmente, Labroca advirtió que el congelamiento del financiamiento de la tarifa social no elimina el costo del beneficio, sino que lo desplaza hacia otro nivel del Estado.
“Cuando la Nación congela el financiamiento de la tarifa social, el costo no desaparece: alguien tiene que asumirlo. Si no lo hace el Estado nacional, termina recayendo sobre los municipios, que son quienes garantizan que el transporte siga funcionando y que los vecinos puedan seguir accediendo a un servicio esencial”, expresó. Su planteo cerró con una advertencia sobre el efecto fiscal y social de la decisión.