Revocan excarcelación y dictan prisión preventiva
El Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte revocó la excarcelación de un joven de 19 años por incumplimiento de pautas de conducta impuestas al quedar en libertad. Se dispuso prisión preventiva y medidas de protección adicionales, además del alojamiento en un centro de detención provincial.
El Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, a cargo del juez Pedro Fernández e instruido por la secretaria Nadia Brain, resolvió revocar la excarcelación concedida a un joven de 19 años después de constatar el incumplimiento de una de las pautas de conducta impuestas para su permanencia en libertad. La decisión se adoptó en función de los elementos reunidos durante las actuaciones, que acreditaron que el imputado no respetó las condiciones judiciales vigentes.
La revocación se adoptó conforme a lo previsto en las medidas otorgadas originalmente, que consideraban el incumplimiento como un riesgo procesal que habilitaba la inmediata detención. La excarcelación había sido otorgada el 22 de enero de 2026 bajo una batería de condiciones que incluía la prohibición de acercamiento y contacto con una persona determinada, la presentación semanal ante una dependencia policial y la restricción de permanecer en su domicilio entre las 0 y las 6 horas, entre otras pautas.
Esas medidas estaban orientadas a garantizar la continuidad del proceso sin entorpecer la investigación y a proteger a posibles víctimas o terceros afectados. El expediente especificaba expresamente que el incumplimiento de cualquiera de esas medidas podría derivar en la sustitución de la excarcelación por una medida privativa de la libertad, por razones vinculadas al riesgo procesal.
El incidente que motivó la revisión de la situación procesal ocurrió el 4 de agosto, cuando aproximadamente a las 4:10 de la mañana personal policial se hizo presente en un domicilio de la ciudad a raíz de un llamado que alertó sobre la presencia del joven en ese lugar. Minutos más tarde, los efectivos lo localizaron circulando a pie por la vía pública.
Ante esa circunstancia, los agentes procedieron a verificar las medidas judiciales que regían para esa persona y constataron que se encontraba fuera de su domicilio dentro del horario en el que tenía expresamente prohibido hacerlo, lo que configuró el incumplimiento de una de las pautas de conducta impuestas. Como consecuencia de la constatación del incumplimiento, la Policía trasladó al joven ante el Tribunal para que brindara las explicaciones correspondientes.
En el marco de las actuaciones también se incorporó una denuncia formulada por un familiar de la presunta víctima, quien expresó temor por distintas situaciones de violencia y requirió medidas judiciales de protección. Esos testimonios y su aporte a la causa fueron valorados por el Juzgado al momento de ponderar los riesgos procesales y las medidas necesarias para resguardar a las partes involucradas, así como la integridad física y psíquica de los sujetos afectados.
A partir del conjunto probatorio reunido, del relato policial y de la denuncia familiar, el Juzgado resolvió revocar la excarcelación y disponer la prisión preventiva del imputado por considerarlo una medida idónea frente al riesgo procesal acreditado. Asimismo, la resolución ordenó el alojamiento del joven en el Centro de Detención de Ushuaia, a disposición del Tribunal, con la finalidad de garantizar la correcta prosecución del proceso judicial y prevenir eventuales situaciones que pudieran entorpecer la investigación o generar peligro para terceros.
La disposición del traslado y alojamiento responde a criterios procesales establecidos en la legislación y en la jurisprudencia aplicable. La resolución judicial incluyó además medidas específicas destinadas a resguardar la integridad física y psíquica del imputado y a impedir cualquier contacto con personas imputadas en otra causa judicial en la que figura como presunta víctima. Esas medidas tienen por objetivo evitar situaciones de re-victimización o incidencia indebida entre causas conexas y asegurar un marco de protección para quienes hayan denunciado hechos que motivan la intervención judicial.
La decisión del Juzgado se adoptó en ejercicio de sus funciones de control de las medidas cautelares y de protección, y con la intención de equilibrar la garantía del debido proceso con la protección de las partes intervinientes.