Gestión municipal ante crisis económica urgente
La funcionaria señaló que la eliminación de programas y la caída de la coparticipación impactan en recursos provinciales y municipales; la recaudación del Municipio registró una baja del 30%, lo que obliga a ajustar políticas y herramientas para atender la emergencia social.

En diálogo con FM Espectáculo, la funcionaria afirmó que la gestión nacional encabezada por Javier Milei eliminó todos los financiamientos y programas de apoyo destinados a familias, infancias y políticas de género. Esa medida, explicó, implicó la pérdida de plataformas de asistencia que hasta entonces complementaban los esfuerzos locales: iniciativas de cuidado infantil, subsidios para hogares en situación de riesgo y proyectos de contención vinculados a la promoción de derechos.
La eliminación de estos instrumentos, sostuvo, redujo las alternativas que el Municipio y la provincia tenían para derivar prestaciones y coordinar acciones con organizaciones sociales y el sistema de protección social vigente. Además de la desarticulación de esos programas, la funcionaria señaló que se produjo una caída de la coparticipación que afecta directamente los recursos provinciales y, por ende, la capacidad de gasto de los municipios. En su evaluación, la reducción de esos fondos de origen nacional repercutió en los servicios básicos y en las transferencias que sostienen políticas locales.

Como consecuencia, expresó, la recaudación propia del Municipio sufrió una disminución del 30%, dato que condiciona la planificación presupuestaria, la ejecución de obras y la continuidad de prestaciones esenciales a cargo del gobierno municipal. Frente a ese cuadro, y considerando que atraviesan "una crisis excepcional", la funcionaria defendió las decisiones adoptadas por el intendente Walter Vuoto, orientadas a "estar más cerca de cada vecino y vecina atendiendo sus necesidades".
Señaló que esa decisión municipal no se limita a medidas simbólicas, sino que implica reordenar prioridades de gasto, focalizar atención en barrios más afectados y reforzar dispositivos de atención primaria. El objetivo central, precisó, es mantener canales de acceso a la asistencia y a los programas municipales, habilitando respuestas inmediatas ante necesidades alimentarias, sanitarias y energéticas.
La funcionaria describió con precisión cómo se agrava la situación cotidiana: antes muchas familias lograban llegar a fin de mes, mientras que hoy no solo no llegan sino que carecen de recursos para adquirir alimentos, medicamentos o cubrir servicios esenciales como el gas. Subrayó que la vulnerabilidad no se circunscribe a quienes carecen de ingresos; también afecta a hogares con ingresos que han visto erosionado su poder de compra.
Ese cambio estructural en la composición de la población en situación de riesgo obliga al Municipio a ampliar destinatarios y a replantear criterios de inclusión para garantizar la continuidad de la protección social. Ese diagnóstico, afirmó, impone a las autoridades locales no remitirse a fórmulas rígidas como "usted tiene ingresos, resuélvalo", sino articular respuestas que reconozcan la complejidad actual. En consecuencia, señaló que el gobierno municipal trabaja en la reconfiguración del presupuesto, en la redefinición de prioridades y en la modificación de procedimientos administrativos para facilitar la asistencia.
Se trata, explicó, de introducir nuevas herramientas y mecanismos de gestión que permitan agilizar trámites, reasignar recursos y ejecutar programas que atiendan con mayor eficacia las urgencias sociales que hoy se manifiestan en la ciudad. Finalmente, la funcionaria vinculó las situaciones de vulnerabilidad extrema que observa a un modelo económico nacional que, en su criterio, está rompiendo la economía del país. Observó que esas situaciones, antes infrecuentes en la ciudad, hoy se verifican con mayor asiduidad y con perfiles diversos entre la población.
Con ese diagnóstico, el Municipio orienta sus esfuerzos a fortalecer la red de protección local, coordinar con organismos provinciales y organizaciones de la sociedad civil, y adoptar medidas administrativas y presupuestarias que permitan sostener la atención a las familias, garantizar el acceso a bienes básicos y preservar la continuidad de los servicios esenciales en el corto y mediano plazo.
