Piden 22 años por abuso y robo
La Fiscalía solicitó una condena de 22 años de prisión para el imputado por abuso sexual, robo y lesiones contra una mujer de 71 años en Río Grande; el acusado permanece detenido y la defensa pidió la absolución, mientras el tribunal aplazó el veredicto para escuchar sus últimas palabras.
Durante los alegatos del juicio oral y no público en Río Grande, la Fiscalía solicitó una pena de 22 años de prisión para el hombre imputado por abuso sexual, robo y lesiones en perjuicio de una mujer de 71 años. La petición fue formulada por la Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, quien expuso ante el tribunal los argumentos que, a su entender, justifican la imposición de la pena solicitada. El acusado se encuentra detenido mientras se desarrolla el proceso, condición que fue destacada en la audiencia.
La defensa oficial, a cargo de la abogada que actuó en representación del imputado, requirió la absolución y sostuvo que los hechos que motivaron el juicio no pudieron ser acreditados más allá de toda duda razonable. En su intervención, la letrada puso en cuestión la prueba presentada por la Fiscalía y argumentó que la convicción requerida para una condena no había sido alcanzada. La posición de la defensa fue planteada dentro del marco del debate oral y no público, con el objetivo de preservar la protección de las personas involucradas.
El hecho objeto del proceso fue referido como ocurrido en 2025 y tuvo como víctima a una mujer de 71 años, según consta en las actuaciones. El juicio se desarrolla bajo la competencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, que preside uno de los magistrados e integra un cuerpo colegiado con dos vocales, uno de los cuales actúa en condición de subrogante. Durante la jornada de alegatos, la fiscalía y la defensa expusieron sus conclusiones sobre la valoración de la prueba reunida en la instrucción y en el debate.
Al término de las exposiciones, la magistratura decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la mañana del día siguiente, oportunidad en la que se espera la resolución del veredicto. El tribunal adoptó esa medida para permitir, entre otras cuestiones procesales, que el imputado pueda ejercer su derecho a pronunciar las últimas palabras antes del fallo. Hasta ese momento, el acusado había optado por no declarar durante el desarrollo del juicio, conforme a lo informado en la audiencia.
La posibilidad de que el imputado realice sus últimas declaraciones ante el tribunal constituye un derecho procesal contemplado en el marco del juicio oral; allí podrá dirigirse brevemente al tribunal antes de que se emita la decisión sobre su situación penal. La suspensión del debate hasta el día siguiente no modifica las diligencias previas ni el estado de detención del imputado, que continúa alojado en dependencias correspondientes mientras se define el veredicto solicitado por la Fiscalía y la pretensión de absolución planteada por la defensa.
El trámite del juicio y la resolución posterior estarán a cargo del tribunal colegiado que instruye el proceso, el cual valorará las pruebas, las alegaciones de las partes y las normas aplicables para emitir la sentencia. La decisión que adopte el tribunal pondrá fin al debate oral, salvo los recursos que pudieran corresponder conforme a la legislación aplicable.
Hasta el cierre del cuarto intermedio, las partes mantuvieron sus posiciones: la Fiscalía reclamando la pena de 22 años, la defensa solicitando la absolución y el imputado permaneciendo en situación de detención sin haber declarado en la audiencia.