Provincia rechaza medidas que afectan empleo

El ministro de Producción y Ambiente provincial, Francisco Devita, presidió la intervención de la Provincia en una nueva reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), donde se cuestionaron medidas del Gobierno Nacional con impacto en el empleo local. Durante el encuentro se analizaron diversas iniciativas vinculadas al sostenimiento de la actividad industrial fueguina y se expresó la preocupación por decisiones que, a juicio de la Provincia, podrían vaciar puestos de trabajo en lugar de agregar valor productivo.

Uno de los puntos principales fue la propuesta de la Secretaría de Coordinación Productiva de la Nación para aprobar un waiver solicitado por una firma electrónica que habilitaría la incorporación de un módulo al proceso de fabricación de televisores. Tras un extenso intercambio, la iniciativa fue sometida a votación.

La Provincia y la UOMRA manifestaron su disconformidad, indicando que la definición requería un análisis más profundo de su impacto sobre la cadena productiva y el empleo local; pese a ello, la mayoría de los miembros de la CAAE autorizó el ingreso del componente para todos los fabricantes por un plazo de hasta quince meses. La operatividad de Sueño Fueguino fue otro tema tratado, luego de la revocación de la medida cautelar que le permitía exportar y comercializar su producción.

En la reunión, los representantes nacionales señalaron que la firma ya no puede operar bajo el marco legal del subrégimen industrial y exigieron la anulación de toda autorización para exportar con o sin garantía. En defensa de la continuidad de la empresa, la Provincia, la UOM y la Unión Industrial Fueguina presentaron argumentos favorables; sin embargo, la postura nacional se impuso por mayoría y dejó sin efecto la posibilidad de exportación de la compañía.

También se evaluó el proceso de fabricación de aires acondicionados, para lo cual la Provincia solicitó el asesoramiento previsto en el artículo 15 del Decreto Nacional N° 1139/88, según Decreto N° 542/18, con el fin de poder emitir el informe técnico correspondiente. Paralelamente, se reiteró la necesidad de extender las medidas antidumping para proteger al sector ante prácticas de competencia que se consideran desleales. El ministro Devita sostuvo que estas herramientas no son proteccionistas en sentido estricto, sino mecanismos destinados a evitar competencia que perjudique la producción local y los puestos de trabajo.

En el tramo final de la sesión se incorporó sobre tablas la nota de ATHUEL ELECTRONICA S.A., que comunicó el inicio de la fabricación de aires acondicionados a mediados de septiembre, actividad aprobada por resolución nacional en el marco del Decreto 479/95 que autorizó el cambio de producción. Los directivos informaron además un avance del setenta por ciento en las inversiones de su planta y el alquiler temporal de un espacio en otra empresa local.

Estos detalles fueron tomados en cuenta en la deliberación, en el marco de las normas que regulan los cambios de líneas productivas. Devita lamentó que la agenda nacional no haya dado curso a múltiples proyectos provinciales destinados a aprovechar la capacidad ociosa y promover la sustitución de productos.

Recordó la propuesta del Ejecutivo provincial para un régimen de fabricación flexible y acotado que permita debatir alternativas en la CAAE sin necesidad de sustituir líneas existentes, y consignó iniciativas para desburocratizar procesos, crear un régimen de complementación productiva más eficiente, actualizar normativa y brindar mayor certeza al sector textil. La ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, manifestó asimismo el rechazo absoluto del Gobierno provincial a las políticas nacionales que, según la Provincia, tienden a la desindustrialización de la región.

Al encuentro asistieron representantes de la Dirección General de Aduanas de Río Grande; de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA); de las secretarías de Industria y Comercio, y de Hacienda de la Nación; además de referentes de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional, la Corresponsalía de Despachantes de Aduana de Río Grande, la Unión Industrial Fueguina, AFARTE y ASIMRA.

Las deliberaciones mostraron divergencias sobre autorización de componentes, exportaciones y medidas antidumping, y dejaron en evidencia la tensión entre las posiciones provinciales y nacionales respecto de la protección del empleo y la continuidad de los procesos productivos locales.